Aberrante “Tío Toni”, líder de una secta que en España abusó a tres generaciones de una familia

Sara López y sus hermanos sufrieron abusos sexuales. Su madre fue condenada a siete años de cárcel por consentirlo. Hoy convierten su dolor en advertencia para otros.

“Lo que más nos impactó al entrar”, recuerda a EL PAÍS la inspectora de la Policía Nacional que coordinó la redada contra la secta La Chaparra, “fue el mural de Peter Pan en la habitación del líder. Ocupaba toda la pared detrás de la cama. Era duro imaginarse a los niños allí…”.

Por aquella masía apartada, ubicada en la carretera a Vistabella del Maestrat (Castellón), junto al bosque, pasaron, al menos, diez menores durante tres décadas. Entre ellos, Sara López y sus hermanos, Gabriel y C. (aún menor de edad).

No conocían otra cosa y no fueron conscientes de que habían sido víctimas de abusos sexuales hasta mucho tiempo después. Cuando a las niñas les llegaba el periodo, Antonio Garrigós, Tío Toni, el líder de la secta (fallecido en prisión el año 2022), las convencía de que tenían “los ovarios negros” y que, para “sanarse”, debían mantener relaciones sexuales con él, según recoge la sentencia que acaba de condenar a cinco de sus miembros. “Yo estaba muy incómoda. No quería hacer aquello”, relata a EL PAÍS Sara López, que hoy tiene 27 años. “Pero él decía que así no tendría cáncer, que aquello era muy especial y que no debía contárselo a nadie. Recuerdo estar estudiando y que me dieran arcadas por las imágenes que me venían a la cabeza de lo que había pasado con Toni. Me lavaba la boca muy fuerte, del asco, pero aun así pensaba que él lo hacía por mi bien y que yo no lo estaba entendiendo. Un día le expliqué a mi madre lo que estaba pasando. Al principio, entró en cólera y me pidió que hiciera la maleta, como si tuviera una, porque yo nunca había salido de allí. Pero al rato volvió y me dijo: ‘Sara, todo solucionado. He hablado con Toni y me ha dicho que tenías que haberle advertido de que no querías y ya está’. Y ahí se quedó”.

La Audiencia Provincial de Castellón condenó el pasado marzo a la madre de Sara a siete años de cárcel como “responsable en concepto de cómplice por comisión por omisión” de “delitos continuados de abusos sexuales a menores”, sus propios hijos. Gabriel y C. también los sufrieron.

Sara, Gabriel, su abuela y su padre, Carlos López, todos víctimas de la secta, son los protagonistas de la serie documental La Chaparra, que Movistar Plus+ estrena el próximo jueves 30 de abril de 2026 y que incluye grabaciones nunca escuchadas del interior de la casa. Después de una sentencia que no ha satisfecho sus ganas de justicia, entre otros motivos porque el líder de la secta murió en prisión preventiva y no llegó a ser juzgado, tres generaciones de una misma familia comparten su experiencia para que nadie más tenga que pasar por lo que ellos pasaron.

El psicólogo Miguel Perlado, especialista en sectas destructivas que ha tratado más de 800 casos, explica a EL PAÍS que ni Gabriel, ni Sara ni su hermana pequeña pueden considerarse adeptos. “Son insertados. Se criaron allí. No conocían otra cosa, y eso implica unas dificultades añadidas: no tienen, como los adultos, un pasado de referencia al que acudir, tienen que construir su propia identidad, aprender a relacionarse, a saber lo que les gusta sin ese contexto viciado”.

Siguen en terapia y se ayudan mutuamente, aunque cada uno ha tenido que gestionar, además de las emociones compartidas, otras muy particulares, como el miedo, la vergüenza o la culpa. “Estaba muy bloqueada con el tema del sexo”, relata Sara, de 27 años, “y fui a una sexóloga que me ayudó muchísimo”. “Ahora”, explica Gabriel, “siento bastante rechazo a cualquier cosa que tenga que ver con la religión. Prefiero que nadie me diga nunca más cómo tengo que vivir mi vida o cómo me tengo que sentir. Probé el buceo y me aferré mucho a eso, porque, aunque parezca contradictorio, debajo del agua siento que respiro. Aún me cuesta socializar con mujeres y con gente de mi edad a la que le va a ser difícil procesar toda esta información”. Su padre, Carlos, asegura que no tiene sentimiento de culpa, aunque se siente “muy cansado psicológicamente”, pero su madre sí se siente culpable por haber sido la primera en entrar en contacto con Garrigós.

La inspectora que coordina el grupo de la Policía dedicado a investigar sectas destructivas explica que no puede facilitar cifras oficiales de la extensión del fenómeno, entre otros motivos, “por la dificultad para su detección”, pero que, tras la pandemia, empezaron a recibir más llamadas, sobre todo de familiares de víctimas. “El problema”, añade, “se asemeja al de la violencia de género porque el manipulador va tejiendo una tela de araña hasta atraparte totalmente y la víctima tarda en ser consciente de que lo es. Dar el paso de denunciar es muy difícil. Por eso es tan importante visibilizar que esto es un riesgo más al que está expuesta la población”.

“La sociedad”, añade Perlado, “no es consciente de la magnitud de este problema. Piensa que eso pasa en otros países o que les pasa a otros, a gente rara, pero no es así. En un momento de pérdida o de fragilidad, el líder de un grupo de este tipo puede envolverte ofreciéndote calma, sentido, propósito, y acabar produciendo un entumecimiento mental que te haga desconfiar de ti mismo para que interpretes cualquier duda como una desviación del ideal de pureza. Yo mismo estuve, en mi adolescencia, en una secta durante dos años. Mi especialidad profesional nace de eso”. El psicólogo, que ha intervenido en medio centenar de juicios como perito, cree que el tratamiento judicial a este tipo de grupos “no está bien resuelto”. El Código Penal contempla la asociación ilícita, las agresiones sexuales, la estafa…, pero la manipulación coercitiva, el mecanismo con el que las sectas destrozan vidas enteras, no está tipificada como delito. Sara es ahora vicepresidenta de la Red de Prevención del Sectarismo y del Abuso de Debilidad, que recibe “unos 50 mensajes diarios” de gente que pide ayuda. En 2024, junto a otros miembros de la asociación, llevó al Congreso las 300.000 firmas recogidas para pedir ese cambio legal. De haber estado en vigor, las condenas a los miembros de La Chaparra (entre tres y siete años de cárcel) habrían sido mayores.

Fuente: ElPais.com